Graves irregularidades en un plan de reintegros a la industria
Surgió como un bono de protección a la industria local frente a la competencia extranjera. Derivó en pagos a firmas que no cumplen los requisitos. Sospechas de coimas.
En el primer piso de la Secretaría de Industria, a dos cuadras de Plaza de Mayo, funciona una Casa de la Moneda paralela. Ahí se imprimen los bonos que el Estado entrega a los fabricantes de maquinaria para protegerlos de la competencia importada. Por año les gira unos 1.000 millones de pesos en esos títulos, que pueden descontarse de impuestos o usarse para pagos a proveedores.
Pero según revelaron fuentes oficiales y empresariales, la falta de controles permite que los cobren compañías que no existen, otras que declaran no tener empleados y algunas con sus papeles en regla pero que aceleran las liquidaciones mediante sobornos. Yo te avisé. Las irregularidades son un secreto a voces en el edificio de Industria.
El ex ministro Martín Lousteau advirtió sobre ellas a la cúpula de la UIA poco antes de renunciar. También intentó sin éxito cortar la influencia de quien era responsable del área, hijo de uno de los máximos dirigentes de la central fabril. Se trata de Pablo Sacco, removido de su cargo formal pero aún con poder interno. Su padre es Juan Carlos Sacco, secretario de la UIA e histórico lobbista de la industria gráfica.
Mingo siempre está. El régimen de incentivo fue creado en 2001 por Domingo Cavallo. El entonces ministro acordó pagar a las empresas metalúrgicas el equivalente a un 14% de sus ventas. La idea era compensarlas tras haber eliminado el arancel (también del 14%) que pagaban hasta ese año las máquinas e implementos importados para entrar en el país.
Hasta mayo pasado el incentivo le costó al fisco 3.631,9 millones de pesos. El año último insumió 855,3 millones, pero este año las autorizaciones se aceleraron y en sólo cinco meses se liberaron pagos por 488 millones. El monto supera lo ejecutado en el mismo lapso por el flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Fantasmas. Del archivo histórico del régimen, al que tuvo acceso Crítica de la Argentina, surgen las primeras curiosidades. Figuran allí empresas que recibieron en bonos más de un millón de pesos pese a haber declarado no tener ningún empleado. Ni siquiera un portero o una secretaria.
El subsidio se entregó a decenas de firmas en esa situación. No importó que uno de los requisitos para cobrar el incentivo sea no haber despedido personal en el último año.
Para agilizar los trámites de cobranza, las empresas suelen contratar a consultoras especializadas. Una de ellas, ICSSA Operaciones, goza de privilegios frente al resto. Según relataron las fuentes, sus gestores tienen acceso a los expedientes y las oficinas internas del área que emite los títulos. Los demás son atendidos por ventanilla.
ICSSA figura como apoderada de casi una cuarta parte de las 2.200 empresas inscriptas en el régimen. Sus clientes, según todos los testimonios, cobran más rápido que los demás inscriptos. Los voceros de Industria aseguran que el año pasado se firmó un convenio con la cámara metalúrgica (Adimra) para ahorrar a las fábricas el costo de gestoría y desarticular ese negocio, pero las consultoras privadas aún se promocionan en internet como el mejor atajo hacia una liquidación veloz.
Sobornando al capital. Entre los clientes de ICCSA está la empresa sueca Skanska, que admitió haber pagado sobornos para que le adjudicaran la construcción de un gasoducto.
Los industriales metalúrgicos admiten en voz baja que una parte de lo que cobran los gestores se destina al pago de coimas. Algunos denuncian haber resignado el 10% de la ayuda estatal entregada y otros aseguran que el peaje se elevó al 20% en los últimos meses.
Al mismo tiempo, una auditoría externa coordinada por la UBA descubrió que una empresa vendió varias veces la misma máquina para cobrar el incentivo. También encontró en otra planta varias notas de crédito que daban cuenta de devoluciones de equipos por los que se había requerido el bono.
Esos montos fueron luego reclamados por el Estado a las compañías. Pero el propio equipo de fiscales se encuentra bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presuntas irregularidades con los fondos que cobró la Facultad de Ciencias Económicas para monitorear el sistema.
Quién es quien. Además de Sacco, los funcionarios que mueven expedientes en el sector son Leonardo Abiad, Juan Pablo Vázquez y Ariel Provini. Todos ellos dependen de la directora de Aplicación de Políticas Industriales, Cecilia Achille. La joven también es hija de un conocido dirigente industrial, el autopartista Rodolfo Achille. Pero aunque estampa su firma en todos los pagos, las decisiones del sector las toman Sacco y compañía.
El funcionario político con injerencia directa sobre el régimen es el subsecretario de Industria, Iván Heyn, designado allí este año pero incorporado a las huestes K de la mano de Felisa Miceli. Su único superior en el edificio de Diagonal Sur y Alsina es el secretario de Industria, Fernando Fraguío. El ex ejecutivo de Fiat dice no tener constancia aún de los presuntos ilícitos en torno al régimen, pero esquivó ágilmente todas las preguntas de Lousteau al respecto.
Desde hace un año y medio, además, las empresas metalúrgicas ya no entregan sus facturas para acreditar haber vendido la maquinaria por la que cobran el reintegro del 14 por ciento. Un cambio de reglas las habilitó a presentar un resumen a cargo de un “contador independiente” que ellas mismas contratan. El Estado abandonó así la fiscalización y pasó a tomar por buenos los datos privados. Lo mismo que hace con las reservas hidrocarburíferas de las petroleras.
Los auditores auditados
Una auditoría de la UBA descubrió este año varios casos de fraude que frenaron la entrega de subsidios a las empresas involucradas. Un grupo de técnicos comandado por el contador Mauricio Lambertucci halló casos de fábricas que no existían y de otras que habían vendido varias veces la misma máquina para cobrar el incentivo.
Pero los auditores también están bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación (AGN), debido a que la Facultad de Ciencias Económicas no rindió cuenta de los gastos administrativos que facturó al Estado por esa asistencia técnica. El mes pasado, la casa de altos estudios pasó una factura de 627.435 pesos por los controles realizados durante mayo. Eso incluye 16.464 pesos de viáticos y 16.695 pesos de “transporte terrestre”. El dinero surge del 1,5% que se descuenta de cada bono para solventar la auditoría.
La AGN abrió una investigación en febrero pasado contra Económicas por el manejo de los “recursos propios” que la facultad percibe por las pasantías de sus alumnos y los programas de asistencia que organiza para empresas o el Estado. La causa fue elevada a la Procuración General de la Nación y también involucra al centro de estudiantes, que conduce la agrupación Nuevo Espacio. El decano Alberto Barbieri deberá disipar las sospechas. Pero en Industria también tendrán que encargar más controles.
En la escena del crimen
Si bien el escandaloso manejo de los bonos subsidio es un viejo secreto a voces en el Palacio de Hacienda y Martín Lousteau se encargó de poner el dedo en la llaga antes de renunciar por la crisis del campo que generó su idea de las retenciones móviles, recién ahora parece haber señales de algun tipo de investigación. “Parece”, porque ningún funcionario se atrevió a confirmarlo.
Apenas una voz off the record dijo a este diario: “Hace unas semanas que encaramos una auditoría externa para establecer si hay irregularidades en la entrega de los bonos. Hay algunas empresas sospechadas de maniobras y empleados que pueden ser separados de sus cargos”.
Luego de las primeras consultas formales de Crítica de la Argentina, el viernes último, el primer piso de Industria se transformó en un hervidero de funcionarios. Especialmente las oficinas donde se archivan todos los expedientes. ¿Alguien querrá borrar huellas?
El subsidio que Cavallo nos legó
El plan de fomento a la producción de maquinaria creado por Cavallo en 2001 fue prorrogado en 2006 y vence a fines de este año. Los empresarios metalúrgicos aseguran que si se diera de baja muchas firmas con sus papeles en regla deberían cerrar o despedir personal.
El Gobierno tampoco puede dar marcha atrás y reinstalar el arancel para las importaciones que eliminó el ex ministro de la Alianza porque las máquinas brasileñas entrarían igual con arancel cero debido a las normas del Mercosur. Por escala, la industria vecina borraría rápidamente del mapa a las firmas locales más chicas.
Además, la eliminación de los impuestos aduaneros apuntó en su momento a que las fábricas locales trajeran más barato los bienes de capital que necesitan y que no se fabrican en el país. Volver a imponerlos quitaría un incentivo a las inversiones, que el Gobierno necesita incrementar para frenar la inflación.
El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, le pidió en marzo al entonces ministro de Economía Martín Lousteau que prorrogara el régimen por otros dos años. Fue en un almuerzo en la sede de la central fabril, pocos días antes de su renuncia por la crisis del campo.
Lousteau le respondió que el programa estaba siendo investigado por sospechas de corrupción y le enrostró los resultados de la auditoría de la UBA (ver aparte) que descubrió pagos a empresas fantasma, facturas truchas y otros ilícitos.
Fuente:http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=7542
Surgió como un bono de protección a la industria local frente a la competencia extranjera. Derivó en pagos a firmas que no cumplen los requisitos. Sospechas de coimas.
En el primer piso de la Secretaría de Industria, a dos cuadras de Plaza de Mayo, funciona una Casa de la Moneda paralela. Ahí se imprimen los bonos que el Estado entrega a los fabricantes de maquinaria para protegerlos de la competencia importada. Por año les gira unos 1.000 millones de pesos en esos títulos, que pueden descontarse de impuestos o usarse para pagos a proveedores.
Pero según revelaron fuentes oficiales y empresariales, la falta de controles permite que los cobren compañías que no existen, otras que declaran no tener empleados y algunas con sus papeles en regla pero que aceleran las liquidaciones mediante sobornos. Yo te avisé. Las irregularidades son un secreto a voces en el edificio de Industria.
El ex ministro Martín Lousteau advirtió sobre ellas a la cúpula de la UIA poco antes de renunciar. También intentó sin éxito cortar la influencia de quien era responsable del área, hijo de uno de los máximos dirigentes de la central fabril. Se trata de Pablo Sacco, removido de su cargo formal pero aún con poder interno. Su padre es Juan Carlos Sacco, secretario de la UIA e histórico lobbista de la industria gráfica.
Mingo siempre está. El régimen de incentivo fue creado en 2001 por Domingo Cavallo. El entonces ministro acordó pagar a las empresas metalúrgicas el equivalente a un 14% de sus ventas. La idea era compensarlas tras haber eliminado el arancel (también del 14%) que pagaban hasta ese año las máquinas e implementos importados para entrar en el país.
Hasta mayo pasado el incentivo le costó al fisco 3.631,9 millones de pesos. El año último insumió 855,3 millones, pero este año las autorizaciones se aceleraron y en sólo cinco meses se liberaron pagos por 488 millones. El monto supera lo ejecutado en el mismo lapso por el flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Fantasmas. Del archivo histórico del régimen, al que tuvo acceso Crítica de la Argentina, surgen las primeras curiosidades. Figuran allí empresas que recibieron en bonos más de un millón de pesos pese a haber declarado no tener ningún empleado. Ni siquiera un portero o una secretaria.
El subsidio se entregó a decenas de firmas en esa situación. No importó que uno de los requisitos para cobrar el incentivo sea no haber despedido personal en el último año.
Para agilizar los trámites de cobranza, las empresas suelen contratar a consultoras especializadas. Una de ellas, ICSSA Operaciones, goza de privilegios frente al resto. Según relataron las fuentes, sus gestores tienen acceso a los expedientes y las oficinas internas del área que emite los títulos. Los demás son atendidos por ventanilla.
ICSSA figura como apoderada de casi una cuarta parte de las 2.200 empresas inscriptas en el régimen. Sus clientes, según todos los testimonios, cobran más rápido que los demás inscriptos. Los voceros de Industria aseguran que el año pasado se firmó un convenio con la cámara metalúrgica (Adimra) para ahorrar a las fábricas el costo de gestoría y desarticular ese negocio, pero las consultoras privadas aún se promocionan en internet como el mejor atajo hacia una liquidación veloz.
Sobornando al capital. Entre los clientes de ICCSA está la empresa sueca Skanska, que admitió haber pagado sobornos para que le adjudicaran la construcción de un gasoducto.
Los industriales metalúrgicos admiten en voz baja que una parte de lo que cobran los gestores se destina al pago de coimas. Algunos denuncian haber resignado el 10% de la ayuda estatal entregada y otros aseguran que el peaje se elevó al 20% en los últimos meses.
Al mismo tiempo, una auditoría externa coordinada por la UBA descubrió que una empresa vendió varias veces la misma máquina para cobrar el incentivo. También encontró en otra planta varias notas de crédito que daban cuenta de devoluciones de equipos por los que se había requerido el bono.
Esos montos fueron luego reclamados por el Estado a las compañías. Pero el propio equipo de fiscales se encuentra bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presuntas irregularidades con los fondos que cobró la Facultad de Ciencias Económicas para monitorear el sistema.
Quién es quien. Además de Sacco, los funcionarios que mueven expedientes en el sector son Leonardo Abiad, Juan Pablo Vázquez y Ariel Provini. Todos ellos dependen de la directora de Aplicación de Políticas Industriales, Cecilia Achille. La joven también es hija de un conocido dirigente industrial, el autopartista Rodolfo Achille. Pero aunque estampa su firma en todos los pagos, las decisiones del sector las toman Sacco y compañía.
El funcionario político con injerencia directa sobre el régimen es el subsecretario de Industria, Iván Heyn, designado allí este año pero incorporado a las huestes K de la mano de Felisa Miceli. Su único superior en el edificio de Diagonal Sur y Alsina es el secretario de Industria, Fernando Fraguío. El ex ejecutivo de Fiat dice no tener constancia aún de los presuntos ilícitos en torno al régimen, pero esquivó ágilmente todas las preguntas de Lousteau al respecto.
Desde hace un año y medio, además, las empresas metalúrgicas ya no entregan sus facturas para acreditar haber vendido la maquinaria por la que cobran el reintegro del 14 por ciento. Un cambio de reglas las habilitó a presentar un resumen a cargo de un “contador independiente” que ellas mismas contratan. El Estado abandonó así la fiscalización y pasó a tomar por buenos los datos privados. Lo mismo que hace con las reservas hidrocarburíferas de las petroleras.
Los auditores auditados
Una auditoría de la UBA descubrió este año varios casos de fraude que frenaron la entrega de subsidios a las empresas involucradas. Un grupo de técnicos comandado por el contador Mauricio Lambertucci halló casos de fábricas que no existían y de otras que habían vendido varias veces la misma máquina para cobrar el incentivo.
Pero los auditores también están bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación (AGN), debido a que la Facultad de Ciencias Económicas no rindió cuenta de los gastos administrativos que facturó al Estado por esa asistencia técnica. El mes pasado, la casa de altos estudios pasó una factura de 627.435 pesos por los controles realizados durante mayo. Eso incluye 16.464 pesos de viáticos y 16.695 pesos de “transporte terrestre”. El dinero surge del 1,5% que se descuenta de cada bono para solventar la auditoría.
La AGN abrió una investigación en febrero pasado contra Económicas por el manejo de los “recursos propios” que la facultad percibe por las pasantías de sus alumnos y los programas de asistencia que organiza para empresas o el Estado. La causa fue elevada a la Procuración General de la Nación y también involucra al centro de estudiantes, que conduce la agrupación Nuevo Espacio. El decano Alberto Barbieri deberá disipar las sospechas. Pero en Industria también tendrán que encargar más controles.
En la escena del crimen
Si bien el escandaloso manejo de los bonos subsidio es un viejo secreto a voces en el Palacio de Hacienda y Martín Lousteau se encargó de poner el dedo en la llaga antes de renunciar por la crisis del campo que generó su idea de las retenciones móviles, recién ahora parece haber señales de algun tipo de investigación. “Parece”, porque ningún funcionario se atrevió a confirmarlo.
Apenas una voz off the record dijo a este diario: “Hace unas semanas que encaramos una auditoría externa para establecer si hay irregularidades en la entrega de los bonos. Hay algunas empresas sospechadas de maniobras y empleados que pueden ser separados de sus cargos”.
Luego de las primeras consultas formales de Crítica de la Argentina, el viernes último, el primer piso de Industria se transformó en un hervidero de funcionarios. Especialmente las oficinas donde se archivan todos los expedientes. ¿Alguien querrá borrar huellas?
El subsidio que Cavallo nos legó
El plan de fomento a la producción de maquinaria creado por Cavallo en 2001 fue prorrogado en 2006 y vence a fines de este año. Los empresarios metalúrgicos aseguran que si se diera de baja muchas firmas con sus papeles en regla deberían cerrar o despedir personal.
El Gobierno tampoco puede dar marcha atrás y reinstalar el arancel para las importaciones que eliminó el ex ministro de la Alianza porque las máquinas brasileñas entrarían igual con arancel cero debido a las normas del Mercosur. Por escala, la industria vecina borraría rápidamente del mapa a las firmas locales más chicas.
Además, la eliminación de los impuestos aduaneros apuntó en su momento a que las fábricas locales trajeran más barato los bienes de capital que necesitan y que no se fabrican en el país. Volver a imponerlos quitaría un incentivo a las inversiones, que el Gobierno necesita incrementar para frenar la inflación.
El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, le pidió en marzo al entonces ministro de Economía Martín Lousteau que prorrogara el régimen por otros dos años. Fue en un almuerzo en la sede de la central fabril, pocos días antes de su renuncia por la crisis del campo.
Lousteau le respondió que el programa estaba siendo investigado por sospechas de corrupción y le enrostró los resultados de la auditoría de la UBA (ver aparte) que descubrió pagos a empresas fantasma, facturas truchas y otros ilícitos.
Fuente:http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=7542
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